¿están por cambiar las reglas del juego?

Para millones de hogares colombianos, los subsidios de energía, gas, agua y aseo marcan la diferencia a fin de mes. Sin embargo, esa tranquilidad podría estar en revisión: el Gobierno de Abelardo De la Espriella incluyó en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 una propuesta para modificar la forma en que se asignan estos beneficios, pasando de la estratificación de la vivienda como único criterio a un análisis más completo de los ingresos, la vulnerabilidad y la capacidad de pago de cada familia. Aunque aún no hay nada decidido —faltan metodologías, umbrales y decisiones en el trámite legislativo—, el debate está abierto y podría redefinir quién paga menos y quién paga más en la factura mensual. Te contamos en qué consiste la propuesta, qué hogares podrían verse afectados y qué sí (y qué no) ha sido aprobado hasta ahora.
La iniciativa comprende los servicios de energía eléctrica, gas domiciliario, acueducto, alcantarillado y aseo. Su propósito es que la asignación de subsidios tenga en cuenta no solamente el estrato de la vivienda, sino también la situación económica de las personas que la habitan.
¿Qué hogares podrían perder los subsidios?
Uno de los ejemplos que contempla el nuevo enfoque es el de las familias que viven en viviendas de estratos bajos, pero cuentan con ingresos medios o altos.
En esos casos, si la metodología determina que tienen capacidad económica suficiente, podrían dejar de recibir los subsidios que actualmente se asignan con base en la clasificación de la vivienda.
Esto significa que un hogar ubicado en estrato 1 o 2, pero con ingresos elevados, podría terminar pagando una factura mayor si deja de cumplir los criterios para recibir esos beneficios.
Por el contrario, una familia de bajos ingresos que viva en un sector de estrato alto podría ser considerada para recibir ayudas, dependiendo de las condiciones que establezca el nuevo mecanismo.
¿Cómo identificarían a los beneficiarios?
La propuesta plantea integrar diferentes fuentes de información para conocer mejor la situación económica de cada hogar.
Entre los elementos que se tendrían en cuenta están:
– Los ingresos y las condiciones socioeconómicas de las familias.
– Los registros administrativos disponibles en las entidades públicas.
– Las variables e información catastral.
– Los datos del Registro Universal de Ingresos (RUI).
– Las condiciones de vulnerabilidad y capacidad de pago.
El Departamento Nacional de Planeación coordinaría el proceso con los ministerios de Hacienda, Minas y Energía y Vivienda, el DANE y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
¿Ya aprobaron el retiro de subsidios?
No. Este punto es fundamental: la propuesta todavía no significa que los hogares vayan a perder inmediatamente sus subsidios ni que las empresas de servicios públicos deban modificar las facturas.
Las bases del Plan Nacional de Desarrollo plantean diseñar, validar y probar una metodología que permita integrar la información socioeconómica con la estratificación vigente.
Tampoco se han definido los umbrales de ingresos para conservar o perder los beneficios, los porcentajes de los nuevos subsidios y contribuciones, ni la cantidad de hogares que podrían resultar afectados.
Por ahora, el Gobierno busca modificar la focalización de los recursos públicos para que las ayudas se dirijan a quienes realmente las necesitan. El alcance de los cambios dependerá de la metodología definitiva y de las decisiones que se adopten durante el trámite del Plan Nacional de Desarrollo.
La discusión será determinante para millones de familias que dependen de los subsidios para pagar sus facturas mensuales.
Tomado de: Ágora Digital – 13 de noviembre de 2026